viernes, 25 de marzo de 2011
Los Olvidados (UP)
La Unión Patriótica (UP) fue un partido político colombiano consolidado en el año 1985 y conocido como el brazo político y legal de la organización armada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) , Luego se separo de las (FARC) y se consolido aun mas fuerte como partido político con ideas de izquierda revolucionaria dentro de Colombia alcanzando el tercer puesto en las elecciones presidenciales del año 1986 con el candidato Jaime Pardo Leal Alcanzando Un 4,6% de la votación , a nivel regional la (UP) alcanzo su mayor votación en Bajo Cauca, Magdalena Medio, Urabá, Chocó, Arauca y Área Metropolitana de Medellín y obtuvo 5 senadores, 9 representantes, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes a nivel nacional.
Entre narcotraficantes y paramilitares comenzaron un asesinato sistemático a los militantes y líderes políticos de la (UP) entre los muertos se encuentran:
-Leonardo Posada
-Jaime Pardo Leal
-Bernardo Jaramillo Ossa
- Manuel Cepeda Vargas
-Pedro Luis Valencia
- Alejandro Cárdenas-Villa
-Gabriel Jaime Santamaría
-Elkin Martínez
- Henry Montenegro
Hay quienes hablan de aproximadamente 5000 muertos de la (UP) este junto a muchos otros forman parte de el conglomerado de masacres que siguen impunes en este país y que la mayoría de personas ya borro de su memoria
¡POR NUESTRO MUERTOS NI UN MINUTO DE SILENCIO!
miércoles, 23 de marzo de 2011
Falsa Desmovilizacion
otra de las miles de mentiras del gobierno de alvaro uribe.
por la falsa desmovilización de un grupo de falsos guerrilleros de las Farc, presuntos integrantes del frente Cacica La Gaitana, que se llevó a cabo el 8 de marzo de 2006 en zona rural del Tolima y que en su momento fue presentada como un aporte a la paz de 70 guerrilleros encabezados por Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña.
Por esos hechos, un fiscal de Justicia y Paz pidió abrir investigación contra el excomisionado Restrepo, dos oficiales del Ejército y un personaje que después fue extraditado.
La investigación se originó en las declaraciones aportadas por los desmovilizados José Alfredo Pacheco Ramos y Luis Eduardo Montero Vargas, quienes aseguraron que lo sucedido en marzo de 2006 fue realmente una mentira. Todo se organizó para que la opinión pública creyera que en ese momento se estaba gestando una deserción masiva en las filas de las Farc. Y para darle credibilidad al hecho, alias Olivo Saldaña apeló a indigentes, desempleados y uno que otro exguerrillero. Todos recibieron en promedio $500.000 por enlistarse en el falso frente guerrillero.
Cinco años después, el director nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, reveló que por este supuesto montaje acaba de abrirse indagación preliminar contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, el general (r) Ledio Fadul Suárez Tocarruncho, excomandante de la Quinta División del Ejército con sede en el Tolima, el coronel Jaime Joaquín Ariza Girón y el extraditado Hugo Alberto Rojas Yepes. Este último fue vinculado al proceso a fin de establecer si realmente fue la persona que financió todo el show de la desmovilización.
Pero la duda sobre el desarme del supuesto frente de las Farc no sólo quedó en el imaginario del país: también en la Embajada de Estados Unidos en Colombia quedó el registro escrito de que se había tratado de un montaje. Un cable diplomático —revelado por Wikileaks— enviado a Washington la última semana de marzo de 2006 da cuenta de las contradicciones que salieron a flote en este extraño episodio. Inicialmente porque en el show de la desmovilización incluso llegó a hablarse de un avión que había sido de las Farc, presuntamente utilizado en la zona de despeje.
El reporte a Washington indica que la aeronave realmente estaba en custodia de la Fuerza Pública desde 2003 y no era cierto que la hubieran entregado los guerrilleros y mucho menos que fuera parte de un plan para un ataque en Bogotá. De hecho, en otro cable se deja entrever el malestar del entonces presidente Álvaro Uribe cuando tuvo que desmentir esta información. El informe señala que realmente alias Olivo Saldaña estaba preso desde hacía dos años y era un desertor de las Farc que contactó al comisionado Luis Carlos Restrepo para ofrecerle la desmovilización.
El cable diplomático detalla las dudas que dejó la acción, como por ejemplo que las Farc negaron la existencia de ese frente y que así lo reconocieron tanto la Policía como los archivos de la Gobernación del Tolima y el Ejército. Además, entre las versiones incluidas en el reporte a Washington ya se habla de lo que hoy investiga la justicia. Que los desmovilizados no parecían guerrilleros, que otros tenían apariencia de vagabundos, que portaban uniformes nuevos y limpios, y que no parecía que vinieran de algún trajín de varios días por las montañas, como dijeron.
El cable incluyó las suspicacias de los periodistas respecto al episodio, dejando entrever que la supuesta desmovilización del frente Cacica La Gaitana era muy poco clara y que, tarde o temprano, el manejo de este asunto podría afectar la credibilidad del Gobierno. Es decir, desde el mismo momento de la desmovilización de Olivo Saldaña, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con base en los testimonios oficiales y de sus informantes, ya había advertido lo que hoy suscita una investigación de la justicia
por la falsa desmovilización de un grupo de falsos guerrilleros de las Farc, presuntos integrantes del frente Cacica La Gaitana, que se llevó a cabo el 8 de marzo de 2006 en zona rural del Tolima y que en su momento fue presentada como un aporte a la paz de 70 guerrilleros encabezados por Raúl Agudelo Medina, alias Olivo Saldaña.
Por esos hechos, un fiscal de Justicia y Paz pidió abrir investigación contra el excomisionado Restrepo, dos oficiales del Ejército y un personaje que después fue extraditado.
La investigación se originó en las declaraciones aportadas por los desmovilizados José Alfredo Pacheco Ramos y Luis Eduardo Montero Vargas, quienes aseguraron que lo sucedido en marzo de 2006 fue realmente una mentira. Todo se organizó para que la opinión pública creyera que en ese momento se estaba gestando una deserción masiva en las filas de las Farc. Y para darle credibilidad al hecho, alias Olivo Saldaña apeló a indigentes, desempleados y uno que otro exguerrillero. Todos recibieron en promedio $500.000 por enlistarse en el falso frente guerrillero.
Cinco años después, el director nacional de Fiscalías, Néstor Armando Novoa, reveló que por este supuesto montaje acaba de abrirse indagación preliminar contra el excomisionado de Paz Luis Carlos Restrepo, el general (r) Ledio Fadul Suárez Tocarruncho, excomandante de la Quinta División del Ejército con sede en el Tolima, el coronel Jaime Joaquín Ariza Girón y el extraditado Hugo Alberto Rojas Yepes. Este último fue vinculado al proceso a fin de establecer si realmente fue la persona que financió todo el show de la desmovilización.
Pero la duda sobre el desarme del supuesto frente de las Farc no sólo quedó en el imaginario del país: también en la Embajada de Estados Unidos en Colombia quedó el registro escrito de que se había tratado de un montaje. Un cable diplomático —revelado por Wikileaks— enviado a Washington la última semana de marzo de 2006 da cuenta de las contradicciones que salieron a flote en este extraño episodio. Inicialmente porque en el show de la desmovilización incluso llegó a hablarse de un avión que había sido de las Farc, presuntamente utilizado en la zona de despeje.
El reporte a Washington indica que la aeronave realmente estaba en custodia de la Fuerza Pública desde 2003 y no era cierto que la hubieran entregado los guerrilleros y mucho menos que fuera parte de un plan para un ataque en Bogotá. De hecho, en otro cable se deja entrever el malestar del entonces presidente Álvaro Uribe cuando tuvo que desmentir esta información. El informe señala que realmente alias Olivo Saldaña estaba preso desde hacía dos años y era un desertor de las Farc que contactó al comisionado Luis Carlos Restrepo para ofrecerle la desmovilización.
El cable diplomático detalla las dudas que dejó la acción, como por ejemplo que las Farc negaron la existencia de ese frente y que así lo reconocieron tanto la Policía como los archivos de la Gobernación del Tolima y el Ejército. Además, entre las versiones incluidas en el reporte a Washington ya se habla de lo que hoy investiga la justicia. Que los desmovilizados no parecían guerrilleros, que otros tenían apariencia de vagabundos, que portaban uniformes nuevos y limpios, y que no parecía que vinieran de algún trajín de varios días por las montañas, como dijeron.
El cable incluyó las suspicacias de los periodistas respecto al episodio, dejando entrever que la supuesta desmovilización del frente Cacica La Gaitana era muy poco clara y que, tarde o temprano, el manejo de este asunto podría afectar la credibilidad del Gobierno. Es decir, desde el mismo momento de la desmovilización de Olivo Saldaña, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, con base en los testimonios oficiales y de sus informantes, ya había advertido lo que hoy suscita una investigación de la justicia
Sobran capitalistas, no inmigrantes
Sobran capitalistas, no inmigrantes
Mientras la crisis económica se alarga y golpea con virulencia a los grupos más vulnerables, la Ley de Extranjería, la Directiva de la Vergüenza europea y el discurso xenófobo que poco a poco va calando en la sociedad desde las altas esferas de la política y los medios de comunicación, extienden y profundizan la discriminación y el racismo contra los inmigrantes.
El crecimiento en más de 3 millones del colectivo inmigrante en los últimos diez años en nuestro país se explica principalmente por el auge de sectores que requerían mano de obra no especializada, sobre todo la construcción y los servicios, y por las condiciones de empobrecimiento de sus países de origen, responsabilidad directa de los estado y multinacionales occidentales. Con la crisis y la caída estrepitosa de estos sectores, se ha pasado del 12,3% de paro –en 2005– a un 28% entre la población inmigrada. El fenómeno comenzó por la construcción, donde el 24,7% de los parados son extranjeros. Después golpeó con aún más fuerza en el sector servicios, en el cual representan el 35% de los que se han quedado sin trabajo. Así, las cifras de paro entre la población inmigrada duplican y triplican su peso demográfico real en el Estado español.
Los inmigrantes en España han sido explotados durante años por un sistema económico sin escrúpulos, utilizados como mano de obra barata y obligados a aceptar trabajos en condiciones indignas por una Ley de Extranjería que les expulsaría en caso de no hacerlo. El ciclo del capitalismo nos ha llevado de nuevo a una crisis y es ahora cuando el sistema se deshace de aquellos elementos de la clase trabajadora que ya no necesita, intentando mantener en todo momento sus tasas de beneficio. En esta situación se encuentran los cientos de miles de inmigrantes que han perdido sus empleos. Sometidos a la misma precariedad que los parados nativos pero agravada su situación por la incertidumbre de una posible repatriación, el racismo institucional y social, la falta de apoyo familiar y en muchos casos la casi absoluta inexistencia de prestaciones sociales.
Una de los más graves aspectos de todo ello es la renovación y la obtención de un permiso de trabajo, requisito imprescindible que exige la ley para la permanencia de los inmigrantes en el territorio nacional. Así, la imposibilidad de conseguir un contrato de trabajo de al menos 6 meses de duración podría situar a estas personas en el llamado grupo de los “inmigrantes irregulares”, lo cual conlleva el riesgo de ser internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) antes de su expulsión del país. Estos centros no son más que cárceles encubiertas donde los derechos fundamentales de los inmigrantes se vulneran de forma descarada e impune. En ellos, tras la aprobación en la Unión Europea de la llamada “Directiva de la Vergüenza”, podría ampliarse la reclusión de los inmigrantes en situación irregular hasta 18 meses, permitiéndose el internamiento de menores en los CIE’s y ampliando a un mínimo de 5 años el periodo de prohibición de entrada en la UE a las personas que son expulsadas.
A finales del pasado mes de noviembre, el Congreso aprobaba una nueva reforma de la Ley de Extranjería con los votos sumados de PSOE Y PP, aliados siempre en la agresión sistemática a los intereses de los trabajadores. En este sentido la reforma contempla varios aspectos dignos de mención:
En primer lugar la limitación del reagrupamiento familiar, que sólo permitirá reagrupar a los ascendientes mayores de 65 años. Esta medida atenta contra la vida familiar de la población inmigrante y, además contraviene las propias leyes de la UE. El segundo es la ampliación (de 40 a 60 días) de la reclusión de las personas inmigradas sin documentos en los CIE’s. Otro punto a tener en cuenta es el que recoge que los inmigrantes sin documentos legales no podrán empadronarse, de modo que no tendrán derecho a acceder a la sanidad ni a la educación básica, como sí podían hacer hasta ese momento siempre que figurasen en el censo municipal. En este punto la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha apuntado que este aspecto de la reforma incumple el mandato del Tribunal Constitucional (TC), “discriminando a los extranjeros no residentes mayores de edad, obviando la vinculación entre educación e inclusión social”.
La situación de la mujer trabajadora migrante es aun más grabe. Pues a la explotación a la que se ve sometida por ser trabajadora, inmigrante y a la discriminación racial, se une también la que sufre como mujer en un sistema basado en el patriarcado. No en vano son las mujeres migrantes las que realizan los trabajos más precarios y peor remunerados, casi siempre no regulados. Por otro lado es el sector más golpeado por la lacra de la prostitución, a la que muchas se ven abocadas como último recurso de supervivencia o simplemente obligadas por mafias nacionales y extrajeras.
Además la situación de desarraigo, marginación y pobreza en la que se encuentra inmerso el colectivo migrante, unido a una fuerte cultura patriarcal, hacen que sean uno de los grupos que más sufren la violencia machista. Pese a ello, la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, establece como requisito para las ayudas a personas extranjeras el ser titulares de un permiso de residencia y un permiso de trabajo en vigor. Esto implica que una mujer víctima de violencia de género con permiso de residencia por reagrupación familiar, caso muy común, no tendría derecho a este tipo de ayudas económicas. Mucho menos aquellas que carezcan de “papeles”.
Por último es completamente necesario denunciar la permisividad con la que las autoridades políticas y los cuerpos de seguridad del estado tratan a los movimientos fascistas, xenófobos y neonazis que están surgiendo y reforzándose al calor de las citadas políticas institucionales. Grupos que no dudan en enarbolar la bandera del racismo y la intolerancia, atacando a aquellos que señalamos al capitalismo y sus estructuras como los únicos culpables de la actual situación de la clase trabajadora, tanto nativa como extranjera.
Extraído de la revista El Insolente
Puedes descargarte la revista completa o leer los artículos directamente en la web www.elinsolente.wordpress.com
Mientras la crisis económica se alarga y golpea con virulencia a los grupos más vulnerables, la Ley de Extranjería, la Directiva de la Vergüenza europea y el discurso xenófobo que poco a poco va calando en la sociedad desde las altas esferas de la política y los medios de comunicación, extienden y profundizan la discriminación y el racismo contra los inmigrantes.
El crecimiento en más de 3 millones del colectivo inmigrante en los últimos diez años en nuestro país se explica principalmente por el auge de sectores que requerían mano de obra no especializada, sobre todo la construcción y los servicios, y por las condiciones de empobrecimiento de sus países de origen, responsabilidad directa de los estado y multinacionales occidentales. Con la crisis y la caída estrepitosa de estos sectores, se ha pasado del 12,3% de paro –en 2005– a un 28% entre la población inmigrada. El fenómeno comenzó por la construcción, donde el 24,7% de los parados son extranjeros. Después golpeó con aún más fuerza en el sector servicios, en el cual representan el 35% de los que se han quedado sin trabajo. Así, las cifras de paro entre la población inmigrada duplican y triplican su peso demográfico real en el Estado español.
Los inmigrantes en España han sido explotados durante años por un sistema económico sin escrúpulos, utilizados como mano de obra barata y obligados a aceptar trabajos en condiciones indignas por una Ley de Extranjería que les expulsaría en caso de no hacerlo. El ciclo del capitalismo nos ha llevado de nuevo a una crisis y es ahora cuando el sistema se deshace de aquellos elementos de la clase trabajadora que ya no necesita, intentando mantener en todo momento sus tasas de beneficio. En esta situación se encuentran los cientos de miles de inmigrantes que han perdido sus empleos. Sometidos a la misma precariedad que los parados nativos pero agravada su situación por la incertidumbre de una posible repatriación, el racismo institucional y social, la falta de apoyo familiar y en muchos casos la casi absoluta inexistencia de prestaciones sociales.
Una de los más graves aspectos de todo ello es la renovación y la obtención de un permiso de trabajo, requisito imprescindible que exige la ley para la permanencia de los inmigrantes en el territorio nacional. Así, la imposibilidad de conseguir un contrato de trabajo de al menos 6 meses de duración podría situar a estas personas en el llamado grupo de los “inmigrantes irregulares”, lo cual conlleva el riesgo de ser internado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) antes de su expulsión del país. Estos centros no son más que cárceles encubiertas donde los derechos fundamentales de los inmigrantes se vulneran de forma descarada e impune. En ellos, tras la aprobación en la Unión Europea de la llamada “Directiva de la Vergüenza”, podría ampliarse la reclusión de los inmigrantes en situación irregular hasta 18 meses, permitiéndose el internamiento de menores en los CIE’s y ampliando a un mínimo de 5 años el periodo de prohibición de entrada en la UE a las personas que son expulsadas.
A finales del pasado mes de noviembre, el Congreso aprobaba una nueva reforma de la Ley de Extranjería con los votos sumados de PSOE Y PP, aliados siempre en la agresión sistemática a los intereses de los trabajadores. En este sentido la reforma contempla varios aspectos dignos de mención:
En primer lugar la limitación del reagrupamiento familiar, que sólo permitirá reagrupar a los ascendientes mayores de 65 años. Esta medida atenta contra la vida familiar de la población inmigrante y, además contraviene las propias leyes de la UE. El segundo es la ampliación (de 40 a 60 días) de la reclusión de las personas inmigradas sin documentos en los CIE’s. Otro punto a tener en cuenta es el que recoge que los inmigrantes sin documentos legales no podrán empadronarse, de modo que no tendrán derecho a acceder a la sanidad ni a la educación básica, como sí podían hacer hasta ese momento siempre que figurasen en el censo municipal. En este punto la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), ha apuntado que este aspecto de la reforma incumple el mandato del Tribunal Constitucional (TC), “discriminando a los extranjeros no residentes mayores de edad, obviando la vinculación entre educación e inclusión social”.
La situación de la mujer trabajadora migrante es aun más grabe. Pues a la explotación a la que se ve sometida por ser trabajadora, inmigrante y a la discriminación racial, se une también la que sufre como mujer en un sistema basado en el patriarcado. No en vano son las mujeres migrantes las que realizan los trabajos más precarios y peor remunerados, casi siempre no regulados. Por otro lado es el sector más golpeado por la lacra de la prostitución, a la que muchas se ven abocadas como último recurso de supervivencia o simplemente obligadas por mafias nacionales y extrajeras.
Además la situación de desarraigo, marginación y pobreza en la que se encuentra inmerso el colectivo migrante, unido a una fuerte cultura patriarcal, hacen que sean uno de los grupos que más sufren la violencia machista. Pese a ello, la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, establece como requisito para las ayudas a personas extranjeras el ser titulares de un permiso de residencia y un permiso de trabajo en vigor. Esto implica que una mujer víctima de violencia de género con permiso de residencia por reagrupación familiar, caso muy común, no tendría derecho a este tipo de ayudas económicas. Mucho menos aquellas que carezcan de “papeles”.
Por último es completamente necesario denunciar la permisividad con la que las autoridades políticas y los cuerpos de seguridad del estado tratan a los movimientos fascistas, xenófobos y neonazis que están surgiendo y reforzándose al calor de las citadas políticas institucionales. Grupos que no dudan en enarbolar la bandera del racismo y la intolerancia, atacando a aquellos que señalamos al capitalismo y sus estructuras como los únicos culpables de la actual situación de la clase trabajadora, tanto nativa como extranjera.
Extraído de la revista El Insolente
Puedes descargarte la revista completa o leer los artículos directamente en la web www.elinsolente.wordpress.com
jueves, 17 de marzo de 2011
Los Nadie
*LOS NADIE*
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir
de pobres,
que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a
cántaros la buena suerte;
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca.
Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los
nadie la llamen,
aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie
derecho,
o empiecen el año cambiando de escoba.
Los nadie: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadie: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre,
muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la
prensa local.
Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata.
*Eduardo Galeano*
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir
de pobres,
que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a
cántaros la buena suerte;
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca.
Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los
nadie la llamen,
aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie
derecho,
o empiecen el año cambiando de escoba.
Los nadie: los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadie: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre,
muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la
prensa local.
Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata.
*Eduardo Galeano*
miércoles, 16 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
